Las administraciones presenta a veces paradojas hirientes entre lo que dicen y lo que practican. Quieren defender un relato de competitividad y apoyo a las empresas como forma de progreso y de salir de la crisis, pero cuando contratan a una empresa (incluso en contratos muy menores) le piden una cantidad tal de documentos y de papeleo que no son conscientes de lo poco que ayudan a la productividad y del coste real que supone para las empresas. Algunos concursos públicos no piden la fe de bautismo de los comparecientes de casualidad. Alguien que nunca debe haber visto una empresa, se le ocurre pedir los documentos originales de las empresas y todo parece tan normal. ¿Alguien se pregunta si eso sirve para algo? ¿Alguien se pregunta si eso se compadece con la ley de acceso electrónico que obliga a las administraciones a no pedir información que cualquiera de ellas ya posea? No, simplemente es el reflejo de una cultura burocrática que penaliza a la empresa gratuitamente y dificulta la relación público – privada. La claridad, transparencia y rendición de cuentas absolutamente exigibles son compatibles, en plena siglo XXI, con el sentido común. En la era digital, algunas peticiones deberían sonrojar a quién las hace. El discurso es de innovación y pro-empresarial pero la práctica es de burocracia decimonónica, salvo honrosas excepciones. A Dios rogando y con el mazo dando.

(la imagen de martirio es de Antonio Campi)